Actualmente más del 30% de los contratos actuales en la Administración General del Estado no cumplen con los estándares establecidos por la Unión Europea, lo que está muy lejos del objetivo del 8% que se había fijado.
Esta reforma, que se planteó con el propósito de reducir la temporalidad en el empleo público, ha tenido poco avance a pocos meses de finalizar el año. Los sindicatos han expresado su malestar ante lo que consideran una falta de medidas efectivas por parte del Gobierno para combatir la precariedad laboral en el sector público.
El pasado mes de julio, la Comisión Europea abrió un expediente a España debido al elevado número de interinos en la administración, una cifra que supera los 750.000 empleados. Además, las renovaciones continuas de contratos temporales, una práctica que los tribunales europeos han considerado ilegal y que también han contribuido a esta situación.
Aunque se ha convocado la creación de 40.000 nuevos puestos en la administración pública, los sindicatos alertan de que la tasa de reposición sigue siendo insuficiente. Se estima que aproximadamente la mitad de los empleados públicos actuales se jubilarán en los próximos diez años, lo que genera un importante déficit de personal en un sistema ya sobrecargado.
La implementación de las reformas necesarias no será posible sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, los recientes fracasos en el Congreso han dificultado este proceso. Por otro lado, han surgido críticas hacia los acuerdos alcanzados sobre el concierto económico en Cataluña, ya que algunas comunidades consideran que estos acuerdos afectan la equidad en la financiación de los servicios públicos en el resto del país.
A pesar de los esfuerzos de los sindicatos para fomentar el diálogo y mejorar las condiciones laborales y salariales en las distintas administraciones, el panorama no parece alentador. La temporalidad y la precariedad laboral siguen siendo temas pendientes de resolución, y la presión de Bruselas añade una mayor urgencia para encontrar una solución a este problema estructural en la administración pública española.
Se espera que se hagan nuevas macro OPEs que rebajen la interinidad y aportar un modelo de oposiciones mucho más frecuente (cada 2 años) para asegurar que los interinos no superen los 3 años en un puesto y darles la posibilidad de acceder a una plaza fija.
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